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El Gobierno negocia con Aerolíneas y los gremios un acuerdo de 5 años
El gobierno de Néstor Kirchner busca dejarle cerrado a su sucesora, Cristina Kirchner, el primer caso de una concertación social en marcha: sería en el sector aerocomercial, en Aerolíneas Argentinas. Consiste en un convenio que establecería un horizonte de "paz social" por cinco años para que la empresa pudiera invertir 4000 millones de dólares e incorporar a su flota 40 aviones de cabotaje y de larga distancia.

Sería la "prueba piloto" del pacto social a gran escala que busca Cristina Kirchner para su gobierno. Quiere que se acuerden previsiones de precios, salarios, metas fiscales y financieras por dos años para atraer inversiones de largo plazo.

En cuanto al sector aerocomercial, el diálogo por el pacto se desarrolla entre la empresa, los siete sindicatos aeronáuticos y el Estado.

Estiman que en las próximas semanas firmarán la "concertación sectorial para la actividad aerocomercial" con una serie de "compromisos mutuos". Según confiaron a LA NACION fuentes oficiales y de la empresa, la paz interna les daría previsibilidad a los usuarios y a los mismos inversores.

"No se puede invertir si los vuelos salen atrasados, si no salen o si los gremios reinciden en paros", repiten desde los tres sectores.

En función de ello, se acordó un borrador -el tercero, en rigor- que establece "crear un marco de armonía, paz social y estabilidad laboral por un término de 5 años". Y dispone "crear en 30 días un comité de revisión de situaciones de conflicto y crisis", compuesto por representantes del Estado, la empresa y cada uno de los siete sindicatos (técnicos, pilotos, aeronavegantes, tripulantes, personal de tierra, entre otros).

Será un "acuerdo marco". No incluiría la discusión sobre las tarifas aéreas ni los salarios del personal de la empresa. "Eso se discutirá en los ámbitos adecuados para cada tema", aclaró a LA NACION Jorge Molina, director de asuntos públicos de Aerolíneas Argentinas.

Previsibilidad

Según el borrador, al que accedió LA NACION, el pacto apuntará a "generar condiciones de previsibilidad y seguridad jurídica" en la actividad aerocomercial para "apuntalar y estimular la inversión y el acceso al crédito" que requieren Aerolíneas Argentinas y Austral.

Se comprometen a que la inversión implique "una mejora profesional y la reconversión técnica para el personal"; a mejorar la "calidad regulatoria"; a buscar iniciativas para "incrementar el nivel de empleabilidad y la negociación de los niveles salariales" y a "armonizarlas con el desarrollo empresarial".

El grupo español Marsans, propietaria de ambas líneas aerocomerciales, avanza a toda marcha: sus dueños, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, negocian en forma personal con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. En la reciente Cumbre Iberoamericana, en Chile, Díaz Ferrán conversó durante dos horas con Alberto Fernández.

Pascual llegó anteayer a la Argentina, y el borrador ya pasó por las manos de los siete gremios aeronáuticos, el ministro Carlos Tomada, de Trabajo, su segunda, Noemí Rial, y el ministro Julio De Vido, de Planificación, y su subalterno, el secretario de Transportes, Ricardo Jaime, cuyo protagonismo desnuda su fortaleza para retener el cargo durante el mandato de Cristina Kirchner.

"El grupo Marsans quiere convertir a Aerolíneas en la principal empresa aérea de Iberoamérica. Para ello, tiene previstas inversiones por 4000 millones de dólares para incorporar 40 aviones a su flota", dijo a LA NACION Molina.

Explicó que Aerolíneas y Austral sumaron 14 aviones en 2007 y que en el futuro agregarán 40 aeronaves. Se discriminan así 25 de cabotaje (Airbus 319, 320 y 321); 6 de larga distancia (Airbus 330-200); 2 aviones Airbus 380-200, para hacer la ruta Buenos Aires-Madrid (se agregarían dos más en 2011) y 7 aeronaves Airbus 350, en última instancia. "Pero, además, se invertirá en centros de capacitación, hangares y talleres de reparación y mantenimiento para nuestra empresa y para terceros", agregó Molina. "Para esto se necesitan la previsibilidad y el pacto social", dijo.

En medio de todo ello, el Estado tiene plazo hasta el 23 del mes actual para decidir si amplía su participación en Aerolíneas del 5 al 20 por ciento de las acciones.

Eso no forma parte del pacto, sino sólo de una decisión eventual del Gobierno de aportar capital. "El Estado no tiene ninguna acreencia sobre la empresa", dijo Molina. Tampoco se negocia en el pacto la deuda que Aeropuertos 2000 exige a Aerolíneas ($ 20 millones en tasas aeroportuarias). Eso se dirime en la Justicia.

Cirielli, en duda

La negociación del pacto social evidenció la fortaleza de Ricardo Jaime al frente de la Secretaría de Transporte. En cambio, su subalterno Ricardo Cirielli, subsecretario de Transporte Aerocomercial, enfrentado con el grupo Marsans, dueño de Aerolíneas, podría dejar el cargo. Si ello sucede, podría ser enviado a la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI). Para su reemplazo se mencionan a Ariel Basteiro, sindicalista de Aerolíneas, y a Hilario Lagos, asesor de Jaime y denunciado por Cirielli, como publicó LA NACION el 4 del actual.

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